El presidente del PP de Talavera de la Reina, Santiago Serrano, junto con el alcalde, Jaime Ramos, la senadora y vicesecretaria regional de Comunicación, Carmen Riolobos, y la secretaria general, María Victoria González Vilches, han participado esta mañana en la recogida de firmas a favor de la implantación de la carrera universitaria de Ingeniería Informática en Talavera y en contra de la derogación de la Ley de Prisión Permanente Revisable.
Serrano, que también ha estado acompañado del presidente de Nuevas Generaciones, Álvaro Fernández-Vegue, y de miembros de esta agrupación que han colaborado en la recogida de firmas, ha agradecido a los talaveranos las muestras de apoyo recibidas en esta campaña, “que ha conseguido un gran apoyo por parte de los talaveranos”.
Además el presidente local ha señalado que el grado de Informática es necesario en Talavera para seguir apostando por la formación y por el empleo cualificado que «permitan a Talavera salir de la crisis con garantías de futuro».
Sobre la Ley de Prisión Permanente Revisable, el presidente local del PP ha señalado que se trata de una figura jurídica «que encaja con el sistema de garantías constitucionales» y que tiene que seguir vigente defendiendo a aquellos que se encuentran en la peor de las situaciones «como hemos visto en ocasiones recientes y pasadas en las que las víctimas son los ciudadanos más indefensos y vulnerables».
Por su parte el alcalde, Jaime Ramos, ha explicado los detalles de la reunión mantenida en la jornada del pasado viernes por la Corporación Municipal y el equipo rectoral de la Universidad de Castilla-La Mancha tras la cual «se abre un periodo de negociación con la Universidad para que atienda las demandas de Talavera». De igual modo el alcalde ha recalcado que «Talavera necesita y se merece ampliar el mapa de titulaciones hacia la rama tecnológica para completar las otras dos patas de su oferta académica como son el área social y sanitaria».
Por último, la senadora Carmen Riolobos ha explicado que «la prisión permanente revisable es completamente compatible con el régimen democrático y los países más desarrollados la contemplan dentro de su código penal como una garantía hacia las familias y las víctimas de los crímenes más execrables».
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