El presidente del PP de Talavera, Gonzalo Lago, aseguró hoy en rueda de prensa que el responsable del resultado de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que condena al Ayuntamiento al pago de 54 millones de euros es el alcalde, José Francisco Rivas, porque es quien ha llevado el desarrollo de las negociaciones con la propiedad y en quien recae la responsabilidad de valorar el justiprecio de la expropiación forzosa de la parcela de la empresa Ucota.
Lago explicó que el PP no es responsable «de lo que ha ocurrido en este proceso, de hacerlo zona verde, y lo que sí hizo fue legitimar algo junto a otros grupos que ya tenían que haber hecho los socialistas». El presidente del PP local recalcó que el partido «no inició el expediente de expropiación del solar porque fue José Francisco Rivas» que es lo que ha llevado a esta situación de riesgo a este Ayuntamiento. El PP «tampoco falló en la negociación para llegar a un acuerdo en un proceso de expropiación que es una obligación del alcalde».
Gonzalo Lago se refirió a la situación «grave y delicada» por la que atraviesa el Ayuntamiento ya que se puede hacer mucho daño a los talaveranos porque como no ha habido un acuerdo en la negociación del justiprecio del solar, el Consistorio puede ir a la bancarrota».
El presidente manifestó su preocupación sobre todo en lo que puede suponer la sentencia para los talaveranos de hacerse efectiva, ya que se traduciría en «un nuevo gravamen de 1.350 euros, unas 200.000 de las antiguas pesetas que asfixiarán a las familias hundiendo en la miseria a nuestro Ayuntamiento».
El también portavoz del Grupo Municipal Popular recordó que el Consistorio ya está endeudado en 30 millones de euros y «ha tirado por la borda en los últimos años más de 100 millones de euros en despilfarros inútiles, no tendría necesidad de abocarse a la bancarrota si el equipo de Gobierno hubiese gestionado bien nuestros ingresos y el proceso de la expropiación».
Lago aseguró que el PP en lo único que piensa es en «Talavera y en los talaveranos» y explicó que es el alcalde el que debe mover ficha y solucionar el problema antes de que sea más grave». El partido no se va a oponer al recurso que casación que va a interponer el Ayuntamiento, aunque Gonzalo Lago apostó por la «vía transaccional con una propiedad que nos está ofreciendo diálogo».
El responsable del PP local cargó contra el secretario de Organización del PSOE, José Manuel Caballero que culpó al partido de la sentencia del Tribunal, al acusarle de «tener mucha boca y poco sentido ético al igual que el presidente de la Junta, José María Barreda, porque de nuevo intentan engañar a los ciudadanos, falsean la verdad, no admiten su responsabilidad y con su clásica actitud barriobajera intentan desprestigiar a los demás para evitar asumir lo que por derecho les debe corresponder a ellos».
Gonzalo Lago recordó que todo comenzó con dos convenios urbanísticos de enero y julio de 1989 que se llevó a cabo con los votos favorables de los grupos políticos que en ese momento estaban en el Ayuntamiento, CDS, IU, ACTAL, PSOE y PP, que fue el principio del PERI del Gitanillo. Para estos dos convenios hubo que hacer una nueva ordenación y se redactó un Plan Especial de Reforma Interior que contemplaba una contraprestación en la edificabilidad y cesión de terrenos a nuestro Ayuntamiento para llevar a cabo la apertura de Francisco Aguirre y que afectaba a la calle Mejorada y Segurilla.
El presidente explicó que la «primera premisa que falsea la verdad es que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha no surge de estos dos convenios urbanísticos porque entonces no se declaraba zona verde el solar que ha provocado la sentencia, ni tampoco contemplaba la expropiación del mismo».
La aprobación del convenio urbanístico y cesión de terrenos de la zona comprendida entre las calles Segurilla, avenida de Francisco Aguirre, Mejorada y vía del Ferrocarril, se produce en el Ayuntamiento el 11 de septiembre de 1990 y entonces era alcalde de Talavera desde febrero de ese mismo año, Francisco Javier Corrochano.
Lago explicó que el 11 de diciembre de 1990 se produjo la aprobación definitiva por la Consejería Territorial de la Junta de Comunidades, gobernada por los socialistas. La empresa Ucota adquirió el solar el 27 de junio de 1994, «y entonces tampoco gobernaba este Ayuntamiento el PP».
En mayo de 1995, «con el gobierno socialista de Isidro Flores» ya se estaba llevando a cabo por el Ayuntamiento el trámite de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, y cuando Flores hace la piscina de ‘El Gitanillo’, «si se hubiese tenido que hacer zona verde, se hubiese tenido que legalizar este solar como tal».
El presidente del PP aseguró que los socialistas lo incluyeron en el Plan General de Ordenación Urbana, en mayo de 1995, luego «son ellos los que declaran zona verde este solar». Al empezar el Plan General de Ordenación Urbana se deja sin vigencia el PERI que hasta entonces estaba redactado y aprobado por nuestro Ayuntamiento, y ya se había hecho la piscina de ‘El Gitanillo’, que es lo que origina que posteriormente se quiera hacer zona verde este solar.
Gonzalo Lago recalcó que en mayo del 95 «tampoco gobernaba el PP» ya que entran en el Consistorio en junio de ese año, «por lo tanto fueron otros los que intentaron clasificar este solar como zona verde sin respetar lo que ese mismo equipo de Gobierno había redactado y aprobado».
Lago dijo que el PP «no hizo que este solar fuera declarado zona verde, sino que otros lo incluyeron en el Plan General de Ordenación Urbana. En 1997, 8 años después de redactarse el primer PERI, dos años después de que otros suspendieran la licencia de obra para este solar y dos años después de intentar clasificarlo como zona verde, se aprueba «por todos los partidos políticos de entonces, PSOE, ACTAL, IU, PP y con el voto unánime de todos, el Plan General de Ordenación Urbana que lo incorpora para su la legalidad como ya se debería haber hecho en 1995 en Isidro Flores.
Fue entonces cuando se inicia una reclamación por parte de Ucota con un contencioso administrativo para poder tener licencia de edificación en ese solar, que se la habían quitado, pero el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha como el Supremo, deniegan el derecho a edificar, «pero establecen el derecho a la indemnización por la pérdida de la edificabilidad».
En 2004 y a partir de ese momento «nada ha tenido que ver el PP con todo el desarrollo del proceso, y mucho menos en la valoración del justiprecio derivado de la expropiación forzosa de los terrenos», sentenció Lago, que añadió que con estos datos se demuestra que «son otros los culpables del desaguisado al que nos enfrentamos».
El presidente del PP insistió en que en el año 2004 cuando ya gobernaba José Francisco Rivas, y tras fracasar las negociaciones con la expropiada, lleva el asunto a la valoración del Jurado Regional de Expropiaciones para que se establezca el justiprecio del solar, y a finales de ese año, «por culpa de una mala negociación de Rivas, y debido a que la propiedad está cansada, se inicia el expediente de expropiación por parte del Ayuntamiento, que llevará como resultado la sentencia que puede arruinar a nuestro Consistorio y a nuestros bolsillos».
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