La viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Gelen Delgado, ha explicado que el Partido Popular espera conseguir el acuerdo del pleno en la moción que presentará para instar al Gobierno de España a aprobar “de manera urgente” una ley que combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas, algo que sucede en todo el país y también en Talavera.

En rueda de prensa ha avanzado que el PP solicita que se ponga de manifiesto “el firme compromiso del Ayuntamiento de Talavera con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas”, de la misma manera se persigue que quede patente el compromiso de la Corporación con el apoyo y protección “a aquéllos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda”.

Delgado ha explicado que la ocupación ilegal de viviendas ha crecido en España un 58 por ciento en los últimos cinco años; los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado.

Bien es cierto, ha señalado Delgado, que en Talavera no se dispone de datos pormenorizados sobre la ocupación de viviendas, pero es algo que sí existe, “como nos han trasladado miembros de las asociaciones de vecinos con los que nos hemos reunido, que nos han señalado la enorme preocupación e inseguridad que se genera entre vecinos afectados en distintas zonas de la  ciudad”.

Este problema, lleva parejo en toda España la aparición de mafias, “que amparadas en un vacío legal se dedican a hacer negocio ocupando inmuebles”,  para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.

No obstante, ha reseñado Delgado, este problema afecta negativamente a la convivencia vecinal, “y hay que tener cuidado y distinguir entre lo que es ocupación ilegal de la ocupación por necesidad de personas con familias que presentan vulnerabilidad social”; familias que se han visto afectadas por un desahucio debido a la imposibilidad de poder hacer frente al pago de su hipoteca y se encuentran en una situación de emergencia social, “y las administraciones deben ser empáticas y mostrar su apoyo para actuar en consecuencia”.

Por eso, ha recalcado que la ocupación ilegal es un problema creciente que no  ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada, recogidos en la Constitución Española, “y además, pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes”.

A pesar de que ha habido avances legislativos para controlar la ocupación ilegal, “es necesario reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio”.

Por eso, ha recordado que tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición de Ley Orgánica que refuerza el concepto de domicilio, pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, “frente a quién ocupa sin título y sin tolerancia del primero”.

Estas proposiciones de ley introducen medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses. También consideran nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; “agilizan el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regulan nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público”.

En definitiva, pretenden “reforzar los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas”.

APOYO A LA VENTA AMBULANTE

Por último, la viceportavoz ha trasladado el apoyo del Partido Popular a los vendedores ambulantes que hoy han salido a la calle en Talavera para reclamar una solución ante la imposibilidad de trabajar debido a la suspensión de los mercadillos por la pandemia, y ha avanzado que también presentarán iniciativas  para ayudar a un sector que ha quedado muy tocado por la crisis de la Covid-19.