El viceportavoz del Grupo Municipal Popular, José Julián Gregorio, junto con la concejala popular María de los Ángeles Núñez, comparecieron hoy en rueda de prensa para abordar las novedades del caso Ucota, que ha cumplido un año, desde que el alcalde comunicase a los ciudadanos que sobre el Ayuntamiento pende una condena de 54 millones de euros, que pueden suponer la quiebra del Consistorio.

«Rivas puede dejar hipotecadas la siguientes legislaturas; esto es un problema de gobernabilidad», dijo Gregorio, que dejó claro que desde el Partido Popular «deseamos que esto se resuelva de una manera satisfactoria para el consistorio, que somos todos, pero el embolado en que nos ha metido Rivas es de hipotecar el futuro de una ciudad que ha llevado a la ruina, y  desgraciadamente hay que decirlo así de claro».

Núñez informó de que a través de un decreto de Alcaldía del mes de julio se ha ordenado a la Intervención de Fondos Municipales el pago de 41.353,28 euros, «6.892.764,70 de las antiguas pesetas como abono de los derechos (que así se llama la minuta de los procuradores) de la procuradora en el Procedimiento Ordinario núm.587/05, Caso Ucota, que es lo que ha supuesto su trabajo hasta el Tribunal Superior de Justicia de Albacete. «Casi 7 millones de pesetas es tan solo la minuta del procurador, a los que hay que añadir la minuta del letrado que defendió el caso en el Tribunal Superior de Justicia, y que a fecha de hoy desconocemos que lo haya presentado en el Ayuntamiento».

«Calculen los ciudadanos lo que va a resultar finalmente el costo de este procedimiento cuando el Supremo se pronuncie, si lo hace dando la razón a Ucota, S.A», señaló la concejala, que recalcó que el equipo de Gobierno, encabezado por Rivas ha comprometido «los bolsillos de los ciudadanos, y nuestro futuro», máxime si se hace efectiva la condena del Supremo, «que propiciará la bancarrota del Ayuntamiento, y es la pura realidad, que este gobierno, hace mal las cosas y es una auténtica chapuza en temas administrativos».

Núñez apuntó que en su día desde el Partido Popular se avisó de que si la sentencia se desestima, el Consistorio deberá abonar la minuta de los letrados y procuradores de las dos partes, más los intereses legales ocasionados hasta la fecha de la sentencia «y a esto habrá que sumar los gastos de la condena de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha», con lo que los gastos que este caso va a ocasionar al Ayuntamiento van a ser elevados.

Por su parte, José Julián Gregorio, especificó que de hacerse efectiva la condena de los 54 millones de euros, cada talaverano está «castigado» a pagar 600 euros, que en una familia media de 4 miembros la cuantía asciende a 2.400 euros.

El edil recordó que el asunto se remonta al año 89 con la aprobación de varios convenios urbanísticos, hasta que en el año 97 la empresa Ucota inicia un contencioso administrativo para obtener una licencia de edificación en el solar del parque de los Tres Olivos, que fue denegada por el Tribunal Superior de Justicia y el Supremo, que establecieron el derecho a la indemnización del mismo por la pérdida de edificabilidad. «Ya gobernando Rivas y no sabemos por qué, retrasan la negociación con la propiedad 5 años que ocasiona en 2004 el desaguisado en el que nos ha metido nuestro alcalde actual, que puede arruinar al ayuntamiento con esos famosos 54 millones de euros».

«Rivas es quien ha tenido la responsabilidad de llevar el desarrollo de las negociaciones con la propiedad», aseguró el concejal que añadió que  esta madeja embrollada «llegó a tintes dudosamente legales» cuando la empresa comentó «supuestamente, y no el Partido Popular» que se produjo en esas fechas una negociación  en las que «un supuesto letrado y concejal o concejala socialista negocia a dos bandas», como un perfecto agente doble de la KGB en plena guerra fría, «ante esto es preferible ser un digno CSI que lucha por la justicia, que supuestos dobles agentes».

Gregorio volvió a formular las mismas preguntas que después de un año siguen sin responderse por el alcalde, a pesar de que el presidente del PP, Gonzalo Lago, las ha hecho en repetidas ocasiones: «¿A cuánto asciende el montante económico por el juicio perdido del caso Ucota?, ¿Cuáles han sido los honorarios del gabinete de abogados que llevó el caso hasta que se perdió en el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha?, ¿a cuánto asciende la provisión de fondos para presentar el recurso del Parque de los Tres Olivos?, ¿aproximadamente cuál será la minuta que el gabinete de abogados va a presentar a este Ayuntamiento por llevar este proceso?»

El responsable popular indicó que con estas preguntas simplemente «pedíamos conocer el coste final del proceso para las arcas municipales», pero Rivas «fiel a su política de oscurantismo (luego se queja amargamente de que le han colocado con injusticia en el puesto 97 de 110 ayuntamientos españoles por falta de transparencia), no nos ha dicho nada» y ahora comienzan a llegar las minutas que poco a poco destrozarán las arcas de todos los talaveranos. Por lo pronto ya han llegado 41.000 euros de este caso, «y esto desgraciadamente es el principio».