La proposición del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno a modificar la ley orgánica de modificación de la LOE para aumentar la calidad de nuestro sistema educativo, ha sido rechazada con la mayoría del PSOE; el resto de grupos han votado a favor.
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Santiago Serrano, ha lamentado que el PSOE se haya posicionado a favor del ataque a 15 centros concertados y 4 de educación especial en Talavera, que es lo que supone la ley Celaá.
Por lo tanto, los socialistas han rechazado esa propuesta de modificación para volver al Pacto Constitucional, y al consenso “y conseguir que la calidad y la libertad en la educación sean una garantía como así lo lo dispone nuestra Constitución”.
Ha subrayado que la Ley Celaá “es un ataque a la libertad educativa, a la calidad en la educación, y a la educación concertada y especial, y que es una senda ideológica aprobada por el Gobierno y la coalición socialista comunista en un momento de pandemia”.
Serrano ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez “con el aplauso de los dirigentes del PSOE autonómico y local, rompan el pacto constitucional por la educación, para aprobar una ley sectaria, que ademas va a en contra de la educación pública paradójicamente”.
De hecho, esta ley, tal y como ya se ha advertido desde el PP “va a provocar una fuga de docentes de la educación publica por el intento de imponer un pensamiento único en el ámbito educativo, cuando debería imperar el pluralismo como recoge la Constitución y así lo avalan múltiples sentencias”.
Desde el PP de Talavera, ha recordado el portavoz, “hemos participado en la concentración junto a cientos talaveranos en contra de esta ley, y también hemos recogido firmas”, por lo que “vamos a seguir protestando y dando la batalla en la tramitación parlamentaria ya que todavía le queda el paso por el Senado”.
LO QUE EL PSOE HA RECHAZADO
La moción que se ha rechazado pedía instar al Gobierno de España a respetar y cumplir el artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, así como que el Gobierno de España “adopte las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación”.
Instar al Gobierno de España a extender la gratuidad a las etapas post obligatorias, Bachillerato y Formación Profesional, y a configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas, “también es otro de los apartados de la moción que ha rechazado el PSOE”.
De la misma manera no ha salido adelante instar al Gobierno de España a garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada, como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades.
Instar al Gobierno de España a incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, o refuerzo de la función directiva, “también ha sido rechazado por los socialistas, lo mismo que instar al Gobierno de España a respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo.
Por último, se ha dado carpezato a instar al Gobierno de España a implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades.
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